Una de las primeras legislaciones relacionadas con el cuidado del medioambiente data de 1994, cuando se promulgó la Ley de Base del Medio Ambiente, una versión ajustada de la normativa europea y que consideraba algunos instrumentos y principios de gestión ambiental. Hacia 1997, se promulgó un nuevo reglamento, tras lo cual organismos públicos y privados se abocan a la materia, considerando normas de emisión, planes de prevención y descontaminación, entre otros.

Hoy en día, nos encontramos en un nuevo marco regulatorio que se basa en la Ley 20.417 y que modifica la Ley 19.300 con la creación del Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La normativa no solo cambia la manera de fiscalizar, sino que, a la vez, el sector fiscalizado gana aún más conciencia respecto a sus obligaciones ambientales, especialmente considerando el cambio en el nivel de multas, que ya no son cercanas a las 500 UTM, sino que pasan a ser del orden de hasta las 10.000 UTM.

En una época en que el cambio climático ya ha mostrado sus efectos, especialmente en nuestro país, la gestión ambiental en proyectos de gran envergadura se vuelve un tema cada vez más relevante y al que se le está poniendo cada vez más atención. En este desayuno de Revista HSEC, diversos actores de la industria comentan la realidad nacional en cuanto a la gestión medioambiental.

“Hoy en día, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es ‘el’ instrumento ambiental en Chile, pero existen muchos otros que deberían tener la misma relevancia. El SEIA debe transformarse más en un checklist, aunque todavía hay temas sobre los que no puede dar cuenta, por lo que es importante que existan otros instrumentos políticos que orienten efectivamente en la aplicación de las regulaciones”, comentó Hans Willumsen, Gerente Ambiental de GISMA.

Para Gonzalo Asencio, Gerente General de GISMA, la conciencia medioambiental ha hecho que se valoricen mucho más las herramientas para asegurar el cumplimiento regulatorio en este tema, por lo que, en consecuencia, la autoridad se ha vuelto mucho más rigurosa en términos de cómo se aplica y cómo se fortalece ese marco legal.

“Eso llevó a que hoy tengamos una institución de fiscalización bastante fuerte, dotada con armas realmente robustas, lo que ha obligado a las empresas a revisar sus permisos ambientales. Hoy, la mayoría, si no todas, están revisando exhaustivamente qué fue lo que realmente comprometieron, pues este cumplimiento es fundamental para su continuidad operacional y para que el negocio sea sustentable en el tiempo”, añadió el ejecutivo.

Asimismo, el ejecutivo mencionó el efecto indirecto del no cumplimiento de las normativas ambientales, que deja a la empresa más vulnerable frente a los alegatos de las comunidades. “Si bien es necesario hacer una buena gestión comunitaria, las compañías deben asegurarse de estar dentro del marco regulatorio. De lo contrario, exponen vulnerabilidades en sus proyectos que, en cualquier minuto, pueden significar la suspensión de sus operaciones”, señala.

Principios de participación ciudadana

Todos los proyectos de gran envergadura tienen muy claro que uno de sus principales problemas, y una de las prioridades a abordar, es la relación con las comunidades. Según Paula Honorato, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y especialista en Desarrollo Ambiental, mucho se habla del principio de participación ciudadana, pero falta mucha difusión para dar a conocer el proyecto a la comunidad en general y explicarles que tienen el derecho de participar en el desarrollo del proyecto.

“Mucha gente sabe que hay un proyecto, pero no saben que tienen una voz y que su opinión también cuenta. Cuando hay un proyecto, normalmente se debe publicar a través de un diario, como el Diario Oficial, para que la comunidad tome conocimiento, pero en la realidad del día a día, ¿qué persona va a ir a revisar el Diario Oficial para saber si hay algún proyecto que pueda afectarlo”, indica la especialista.

Para Gonzalo Asencio, más allá de que las comunidades participen o no en la discusión relacionada a los proyectos que afectan su entorno, “el problema es el carácter no vinculante de eventuales acuerdos que se puedan alcanzar con la comunidad, pues no hay una legislación que avale un acuerdo de valor compartido o donde las comunidades participen y se vean beneficiadas. Es importante que esto esté dentro de un marco regulado que hará que los proyectos funcionen y que después los acuerdos no se diluyan”.

Sin embargo, lamentablemente muchos de los grupos que sí participan al expresar su opinión respecto a un proyecto, no siempre tienen como prioridad el cuidado ambiental. Como relata Tomislav Marinovic, Gerente General y Consultor Senior de Miros Consultores, “hay una comunidad en este país que está en el centro de las grandes mineras. Cuando la primera partió con su proyecto, levantaron banderas, obtuvieron algunos beneficios compensatorios y luego se calmaron. Llegó una segunda minera, levantaron banderas, recibieron su remediación y se calmaron. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la minera de turno, ellos se levantan, lo que a mi juicio no está bien, pues pierde el fin último de todas las normativas, que es el cuidado del medioambiente”.

Por su parte, María José Salinero, Asesor Jurídico de Inerco, tiene una visión esperanzadora a futuro, por cuanto relata que han llegado empresas, en particular de los rubros de Energías Renovables no Convencionales, que cuentan con otros sistemas de remediación. “Hay empresas que acostumbran a las comunidades a un sistema de ‘dar para obtener’, pero han llegado algunas compañías europeas que tienen sistemas sin dinero de por medio, sino un enfoque en gestión de responsabilidad social empresarial”, comenta.

A juicio de Raimundo Bordagorry, de la Universidad Diego Portales, más allá de la difusión de los proyectos y la participación ciudadana, “es importante insistir en el tema de la planificación territorial, según la que se conoce qué priorizar, dónde construir y bajo qué condiciones. En el país no lo hemos hecho hace 30 años”.

Por su parte, Jorge González, Gerente de Negocios de SGA, concuerda en que hay mucho por avanzar en términos de participación ciudadana. “Hace 20 años, cualquiera llegaba y se instalaba con una planta de celulosa sin pedir permiso. Hoy hay más comunicación, la gente efectivamente participa, pero sí falta poner el foco en lo que realmente importa, ya que es frecuente que el obtener una calificación ambiental pase por transar en términos monetarios, no por el fondo de la materia”, agrega.

¿Enfoque preventivo o reactivo?

Tomislav Marinovic menciona que “la tendencia es que muchas empresas están tratando de ponerse al día respecto a sus compromisos, pero no hay espacio para ir un poco más allá. Lo que suele ocurrir es que una vez que se tiene la lista de resoluciones de calificación ambiental, hay un encargado del tema que pide recursos para los compromisos, pero en la alta gerencia le niegan el dinero. Y de pronto, aparece una fiscalización y solo ahí reaccionan. Entonces, todo es reactivo”, afirma.

Al recordar la normativa legal vigente, Willumsen señala que la Resolución de Impacto Ambiental era considerada un activo muy importante y que, con tal de conseguirla, las empresas aceptaban que les fijaran una serie de exigencias, aunque fueran difíciles de cumplir. “Hoy en día, a la empresa no solo le interesa obtener la resolución, sino que está preocupada de las condiciones establecidas para poder cumplir con ellas, pues eso generará costos. Hoy se tiene que hacer cargo de que la resolución salió y que debe cumplir con las exigencias y compromisos periódicamente, pues va a venir la Superintendencia y la multará bajo las máximas sanciones”, añade.

Respecto a la escala de las empresas que están actuando en materia ambiental, Bordagorry cree que en las grandes hay un interés por cumplir o bien existe un departamento de medioambiente. “En cambio, la industria mediana y la Pyme industrial, que tiene muy bajo nivel de fiscalización, básicamente opera fuera de los márgenes legales. Son situaciones que se desconocen, porque el foco principal son las grandes mineras, celulosas, pesqueras o salmoneras”, explica.

“Tomo este escenario como una oportunidad”, indicó Alejandro Ruiz, Coordinador Comercial de Brisa, quien añade que su experiencia corporativa es “ir a las empresas, identificar qué es lo que les está faltando y apoyarlas. Hay una oportunidad gigantesca para apoyar a los empresarios y decirles “esta es la directriz, nosotros los apoyamos hasta que puedan hacerlo solos, pero con toda la gestión completa”.

Afortunadamente, de acuerdo a Jorge González, “el nivel de conciencia ha escalado al nivel que hoy muchas empresas, incluso aquellas que no tienen encima el fantasma de la Superintendencia del Medio Ambiente, nos llaman para verificar cuál es su estado y de qué forma logran mejoras. Quizás su preocupación no es el medioambiente en sí, sino más bien la continuidad de su negocio, pero preocuparse de su negocio implica que deben considerar eventos medioambientales y resolverlos”.

Ver nota en la revista: http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=1186&edi=51&xit=gestion-ambiental-el-desafio-de-preservar-nuestro-propio-futuro